En abril de 2016, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori firmó un acuerdo con la Central Nacional de Mineros del Perú que planteaba la derogatoria del proceso de formalización iniciado por el gobierno de Ollanta Humala y proponía un nuevo mecanismo para hacerlo. Un año más tarde, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presenta un proyecto que busca que la minería ilegal no sea considerada como crimen organizado.Pero ¿qué significa la minería ilegal para el Perú? Laura Alvarado, docente e investigadora del Programa Doctoral en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional Agraria La Molina, señaló que, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las organizaciones criminales en el país ganaron -solo en el año 2016- US$2,600 millones por la producción y venta de oro ilegal. Cabe precisar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su último boletín, reveló que desde enero de 2007 hasta marzo de 2017, el monto involucrado en minería ilegal -como delito precedente para el lavado de activos- ascendió a US$4,477 millones.Carlos Aranda, ex presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advirtió que si no se toman acciones, las cifras de ganancia anual por minería ilegal podrían alcanzar los US$4 mil millones en unos años.En ese sentido, propuso que este tema sea considerado como una política de Estado, pues refirió que "no se trata de llenarnos de normas".Por su parte, el investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, Miguel Santillana, expresó que la expansión de este delito obedece, por un lado, a los precios internacionales y, por otro, a la corrupción de las autoridades."Esta es una actividad ilícita que genera delitos conexos como la trata de personas, bandas criminales y genera otros problemas para el país", refirió.