El 16 de marzo, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) presentó el proyecto de ley 1095, en el cual plantea dos modificaciones en las normas que tipifican el delito de minería ilegal y que establecen los parámetros para enfrentarlo como crimen organizado. El Comercio analizó esta iniciativa, que ha sido trasladada a la Comisión de Justicia del Congreso para su debate.1. Exclusión de la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado.En octubre del 2016, bajo el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1244, en el cual incluyó el delito de minería ilegal dentro del ámbito de aplicación de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado. Su inclusión se dio en el inciso 15 del artículo 3 de la norma, que corresponde a los delitos ambientales (que incluye el delito de tala ilegal).Con la nueva tipificación, el Estado puede enfrentar la explotación ilícita de minerales con las técnicas de investigación autorizadas por la ley (interceptación postal, intervención de las comunicaciones, agentes encubiertos, seguimientos, etc.).La congresista Aramayo propone suprimir el delito de minería ilegal y sus modalidades, por lo que quienes los cometieran no podrían ser perseguidos como si pertenecieran a una red criminal.