Como un fantasma que vuelve para saldar cuentas del pasado, el Caso Madre Mía ha resurgido de pronto en medio de los audios sobre las comprometedoras comunicaciones telefónicas del ex presidente Ollanta Humala y su esposa que están en poder de la fiscalía, y de las que informamos extensamente en la edición impresa de El Comercio.Como se sabe, los hechos a los que se refiere el caso se remontan a 1992, cuando el entonces capitán Humala estaba a cargo de la base militar de Madre Mía, en la localidad de Nuevo Progreso (Tocache, San Martín), desde la que se conducían las operaciones antisubversivas en el valle del Huallaga.En el 2006, Jorge Ávila Rivera denunció que fue arrestado en esa época, junto a su hermana Natividad Ávila y su cuñado Benigno Sullca, por una patrulla militar comandada por Humala, y que luego, los tres, fueron acusados de terroristas y torturados por órdenes de este. Siempre de acuerdo con el relato original de Ávila Rivera, su hermana y su cuñado fueron asesinados, pero él logró escapar. Por lo menos otros dos testimonios de desapariciones ocurridas en el mismo lugar, además, salieron a la luz por esos días y Humala fue denunciado por los delitos de desapariciones forzadas, torturas, tentativa de asesinato y asesinato. Cabe anotar que la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sullca está documentada en el informe de la CVR y que, de acuerdo con el presidente de la misma, Salomón Lerner Febres, existen testimonios de violaciones a los derechos humanos registradas en la referida base, entre 1990 y 1993, y a instancias de un oficial que respondía al apelativo de ‘Capitán Carlos’.En junio del 2006, sin embargo, se conoció que Ávila Rivera había cambiado su versión de los hechos: debido a las circunstancias de la tortura -decía ahora- no había podido distinguir si el ‘Capitán Carlos’ era efectivamente Humala. Por esa época se supo también de la pérdida de algunas hojas del expediente militar de quien entonces era ya, por primera vez, candidato a la presidencia. Tres años después, el proceso contra Humala se archivó.En el 2011, no obstante, Robinson Gómez Reátegui, otro cuñado de Ávila, aseguró que la retractación de este había sido consecuencia de un pago del que se había encargado Amílcar Gómez Amasifuén, un personaje muy allegado a Humala. Pero en agosto del 2011, con el líder nacionalista ya convertido en presidente de la República, la Segunda Sala Penal Liquidadora archivó también la investigación que esta nueva declaración había motivado. Pues bien, fue en el contexto electoral inmediatamente anterior que se produjeron las comunicaciones que ahora salen a la luz. En una de ellas, del 2 de mayo del 2011, Humala llama a su asistente Julio Torres, quien le pasa el teléfono a Amílcar Gómez, y la conversación gira esencialmente en torno a la preocupación del candidato por la posibilidad de que sus contendores políticos pudiesen contactarse con testigos del lugar donde se produjeron los hechos que se le habían imputado en el pasado. Y en otra, del 11 de mayo de ese mismo año, se escucha a Amílcar Gómez hablar directamente con Ávila, y decirle, entre otras cosas: "Hoy día te van a hacer el depósito sí o sí". Una aparente alusión a un segundo pago que sería consistente con lo aseverado la primera vez por Robinson Gómez Reátegui.De hecho, ha sido el propio Ávila, en una declaración a la Unidad de Investigación de El Comercio, quien ha ratificado que recibió pagos en el 2006 para retractarse de su declaración inicial que inculpaba a Humala, y nuevamente en el 2011 a cambio de guardar silencio. Todo lo cual da pie a que se reabran todas las interrogantes sobre la intervención del ex presidente Humala en el Caso Madre Mía.Lo más importante, sin embargo, es que siembra dudas sobre la validez de las conclusiones fiscales y judiciales que libraron al líder del nacionalismo de toda responsabilidad en presuntos crímenes que podrían ser considerados de lesa humanidad.