Las concesiones de obras públicas y de servicios públicos que se otorguen a partir de la fecha serían beneficiadas con reintegros tributarios al amparo de la ley que elimina sobrecostos, aprobada por el Congreso y promulgada recientemente por el Ejecutivo. Los beneficios alcanzan también a las empresas públicas de derecho privado.De acuerdo a la norma, aquellos operadores públicos y privados que no puedan aplicar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas (IGV) abonado o trasladado en las inversiones realizadas durante la etapa preoperativa, tendrán derecho a solicitar el reintegro tributario.Consultado al respecto, el especialista en tributación de concesiones Camilo Maruy, asociado de Rosselló Abogados, comentó: "De no haberse aprobado la norma, el IGV que abonen estas empresas en las adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción, así como en las importaciones materia de inversión, sería un sobrecosto, al no poder ser aplicado como crédito fiscal, y tampoco ser materia de recuperación anticipada...(...)".
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