El Gobierno emitió 112 decretos legislativos, como parte de las facultades delegadas por el Congreso de la República a finales de setiembre del año anterior. Todos estos fueron analizados por la Comisión de Constitución del Legislativo, la cual recomendó la modificación de 39 decretos y la derogatoria total de cinco de ellos.Entre las recomendaciones para cambios estuvieron incluidas 22 normas vinculadas a temas económicos, mientras que uno de este tipo de decretos sería derogado. Uno de los decretos legislativos que ha generado más discrepancias entre el Congreso y el Gobierno es el 1250, que busca impulsar la inversión pública regional con la participación del sector privado a través del esquema de obras por impuestos (OxI).La norma publicada por el Gobierno buscaba que la Contraloría solo realice informes en este tipo de proyectos cuando involucren operaciones oficiales de crédito, es decir, si es que las obras requieren algún tipo de endeudamiento. Sin embargo, en el Congreso consideran que la Contraloría debería realizar un informe previo en todos los proyectos que se hagan a través de este mecanismo, tal como estipulaba la norma antes de que el Ejecutivo publique el decreto legislativo.
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