El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, en Piura (PMRT) de Petroperú no es ajeno a la emergencia climática que afecta gran parte del centro y norte del país. No solo porque las lluvias anegaron un acceso al proyecto y paralizaron las obras al aire libre tres días en este mes. También porque su costo actual, US$5.400 millones, suena inoportuno frente al impacto de las lluvias y huaicos, que han generado pérdidas de capital por US$3.124 millones, según un balance preliminar de Macroconsult al 22 de marzo. En efecto, la nueva administración de Petroperú, presidida por Luis Eduardo García Rosell desde el 1 de diciembre, se planteó si debía continuar el proyecto propuesto en el 2008 y adjudicado a la empresa española Técnicas Reunidas en el 2014. Optó por hacerlo."Si no hacemos esa inversión, vamos a tener que cerrar la refinería. Nos vamos a tener que convertir en un simple comercializador (de combustible)", afirmó García Rosell a El Comercio. El proyecto de Petroperú fue concebido para incrementar la capacidad de refinamiento de la planta de 65 mil a 95 mil barriles diarios (bpd), reduciendo al mismo tiempo el contenido de azufre de los subproductos (diésel y gasolina) obtenidos de 3.000 a 50 partes por millón. García Rosell argumenta que la inversión es necesaria para cumplir las mayores exigencias ambientales que entrarán en vigencia hacia el 2021, justamente cuando comience a operar el PMTR, un año y medio después de lo previsto inicialmente. No obstante, otros especialistas critican la viabilidad del proyecto. "El país tiene otras necesidades en infraestructura", dice Carlos del Solar, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en relación con la brecha existente y los desastres naturales actuales. Al mismo tiempo, cuestiona el costo de la modernización y lo compara con el de la refinería La Pampilla de Repsol -de 110 mil bpd-, que ha invertido US$800 millones. Para García Rosell, son proyectos incomparables, debido a la base tecnológica más actual con la que partió La Pampilla. El economista Pablo Secada opina que el gobierno decidió continuar el PMRT por "razones políticas y no económicas".