Los empleadores están de acuerdo con las modificaciones realizadas al registro de asistencia y saludaron la decisión del ministro Carlos Almerí. Sin embargo, el laboralista Jorge Toyama alertó que todavía persiste un punto cuestionable. Y tiene que ver con la segunda disposición transitoria de la norma, que estaría creando discriminación contra las empresas privadas, ya que solo las del sector público tendrán opción de adecuar sus presupuestos al sistema de control."El nuevo texto dice que las empresas del Estado con régimen laboral privado iniciarán el registro en enero del 2007, mientras las demás empresas sí tendrán que cumplir con la norma desde hoy. ¿Por qué van a darles esa facilidad a las estatales y no a las privadas?", indicó el especialista. De acuerdo con la norma, este sistema no será obligatorio para las instituciones públicas debido a que los gastos de implementación no estaban contemplados en la programación anual de presupuesto público para el 2006. "Sin embargo, tampoco los empresarios tenían presupuestados para este año los gastos que implica poner a funcionar el registro, impuesto de manera inconsulta. Esto vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley", sostuvo.Una opinión similar sostuvo el laboralista Franco Muschi, para quien la disposición complementaria "crea una excepción que privilegia a las entidades estatales, ya que ignora que no son las únicas que manejan un presupuesto".