Un político tratando de sacarse de encima imputaciones delictivas con el argumento de que es víctima de una persecución es un lugar común solo comparable al de los gobiernos que culpan de su baja aprobación en las encuestas a los problemas que tienen para comunicar sus logros a la ciudadanía. En ese sentido, el recurso del que ha tratado de echar mano en estos días el ex presidente Alejandro Toledo -sobre quien pesa el cargo de haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla en la licitación de la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur- no es una novedad.Sí lo es, en cambio, la distorsión que ha hecho, en el mensaje que colgó días atrás en las redes, de algunos de los elementos jurídicos del proceso que se le sigue. En esa comunicación, bajo el título de "¡No al linchamiento político, sí a la justicia justa!", el ex mandatario lanza afirmaciones que no se corresponden con la realidad y que merecen ser precisadas.Dice, por ejemplo: "El juzgado en Lima no solicitó mi testimonio para ayudar con su investigación. Al contrario, me acusó directamente de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar". Y más adelante apunta también: "Todos los peruanos tenemos el derecho a la presunción de la inocencia y el debido proceso dentro de la ley. En Lima, el juez de la acción en mi contra declaró que esa presunción ‘no es absoluta’ en el Perú". Adicionalmente a ello, inserta acotaciones como la de que él no puede ser llamado ‘fugitivo’ porque cuando salió del país no había cargos en su contra y, en consecuencia, no se ha fugado de nada, o la de que colaborará con una justicia "pero que sea justa y dentro del Estado de derecho". Todo esto para concluir que tiene que defenderse de una ‘cacería de brujas’ políticamente motivada.Pues bien, empecemos por aclarar lo más importante: el juez no lo ha acusado directa ni indirectamente de cosa alguna. Únicamente se le ha abierto un proceso, es decir, se le ha imputado delitos -que es distinto- y se ha dictado una prisión preventiva para proteger un proceso que, a criterio del juez, de otra manera podría estar en peligro y que será, en definitiva, la instancia en la que se resolverá si se lo acusa o no. Ahora, para dictar esa medida de protección, no hace falta solicitar previamente, como quiere hacernos pensar Toledo, el testimonio del imputado: un detalle que está en la lógica de la celeridad con la que se tiene que actuar en esas circunstancias.La presunción de inocencia y el debido proceso, por otra parte, son derechos que en ningún momento han dejado de asistirlo. Y la exigencia pleonástica de una "justicia justa" dentro de un Estado de derecho luce apenas como la búsqueda de un efecto dramático, porque, vamos, nadie puede hacer verosímilmente el argumento de que no estamos bajo un régimen de esas características.La condición de prófugo o ‘fugitivo’, finalmente, no la adquiere una persona solamente al escurrirse de un lugar cuando la justicia la requiere, sino también cuando, estando ya lejos, no se constituye al ser convocada por ella.Toledo, entonces, habla de una "distorsión maquiavélicamente política" de su situación, pero en realidad el que la distorsiona, imaginando cortes y conductas procesales que no existen, es él.Y por si eso no fuera suficiente para desvirtuar su artificioso alegato sobre la naturaleza del trance que enfrenta, habría que preguntarse nada más quién podría estar interesado en ‘linchar políticamente’ a una persona que como candidato en los últimos comicios presidenciales salió séptimo y apenas recogió el 1,30% del voto válido de la ciudadanía.Si se anima a venir pronto, quizás él pueda aclarárnoslo.