El alentador mensaje que profirió Pedro Pablo Kuczynski el 28 de julio pasado, en el que esbozó su objetivo de "ser un país moderno […] un país honesto y no corrupto", de "lograr una justicia oportuna y predecible" con un "presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción", se ha chocado en los últimos meses con la desesperanzadora constatación de lo adentrada que se encontraba nuestra clase política en el abismo de la corrupción.Lo que ha revelado el caso Odebrecht es que, cuando menos, los tres últimos gobiernos han estado inmiscuidos en la creación o sobredimensionamiento de grandes proyectos de infraestructura (aprovechándose de una carencia innegable en nuestro país) a cambio de millonarios sobornos que han ido a parar a los bolsillos de sus más altos representantes. El punto más álgido, hasta el momento, ha sido el descubrimiento de que el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido US$20 millones en coimas. Un dato tan verosímil a la luz de las pruebas aportadas por la fiscalía que el Poder Judicial ha dispuesto una orden de captura internacional en su contra y su encarcelamiento preventivo.Más allá de los casos individuales, los destapes realizados (y los que vendrán) también ponen en entredicho la voluntad de las fuerzas políticas por combatir la perversión del Estado.En este contexto, la administración de Peruanos por el Kambio (PPK) ya debería haberse percatado de que la lucha contra la corrupción ya no es solo una oportunidad tanto para el país como para su gobierno -como advertíamos en esta página cuando recién empezaban los hallazgos del caso Odebrecht-, sino una necesidad impostergable.Pues, habida cuenta de que muchos de los congresistas y funcionarios oficialistas -incluido el propio presidente Kuczynski- cumplieron un rol importante en anteriores administraciones que hoy son investigadas, no debería llamar al asombro que la suspicacia ciudadana se ciña sobre ellos si es que no se les percibe una actitud frontal y decidida en esta materia.Si bien es cierto que el Ejecutivo ha dado algunas muestras de interés (como la entrega de una partida especial de cerca de S/10 millones tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público, y la aprobación de algunos decretos legislativos para dar mayores potestades a la Unidad de Inteligencia Financiera, la inhabilitación de funcionarios condenados por delitos de corrupción, o la reforma de la ley de contrataciones del Estado), existen varios aspectos pendientes a los que podría avocarse de manera menos reactiva.Así, por ejemplo, el gobierno ha dejado pasar la oportunidad para comprometer a todos los poderes del Estado en la siempre postergada reforma del sistema de justicia y emprenderla de una buena vez. De hecho, ni siquiera se contempló ese esfuerzo dentro del pedido de facultades legislativas, ni en ninguna iniciativa normativa que aborde el tema de forma estructural.Por otro lado, desconociendo las propias propuestas del plan de gobierno de PPK, el Ejecutivo decidió no crear una verdaderamente autónoma autoridad para la transparencia, ni reformar adecuadamente la legislación de gestión de intereses. Tampoco han merecido atención otras iniciativas de la Comisión Presidencial de Integridad, como la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la elaboración de un plan nacional de infraestructura a 20 años que transparente y haga más predecibles cuáles son los proyectos prioritarios a desarrollar, y la promoción de una ley que prohíba a personas condenadas por delitos de corrupción candidatear a cargos de elección popular.Por otra parte, la falta de respuestas concretas (o sin bromas de por medio) del presidente Kuczynski a válidas preguntas formuladas acerca de su rol durante el gobierno de Toledo y, en particular, en la extraña aprobación del proyecto IIRSA Sur (sin pasar por el filtro del SNIP) en el 2005, poco hacen para alejar de él y de su administración cualquier atisbo de sospecha.No se trata, ciertamente, de responder a las amenazas desesperadas de la señora Eliane Karp, sino de dar explicaciones y una buena señal a la ciudadanía a la que se debe. Y de entender que, con el caso Odebrecht, la cancha política ha cambiado, y que es hora de volver a la pizarra como hacen los buenos entrenadores, pero no para dibujar los mismos números de siempre, sino para rediseñar su estrategia.(Edición domingo).