La premura en las sesiones de los comités de licitación de los proyectos que fueron adjudicados a Odebrecht parece haber sido una constante. Al igual que en los casos de la Interoceánica y del metro de Lima, la historia se repite con el gasoducto sur peruano. Así lo advierte la investigación preliminar de la comisión del Congreso que preside el fujimorista Daniel Salaverry.Eran las 6:30 p.m. del viernes 27 de junio del 2014, cuando en las instalaciones de Pro Inversión, el Comité Pro Seguridad Energética decidió otorgar plazo hasta el lunes 30 al consorcio competidor de Odebrecht para subsanar observaciones sobre la conformación de sus empresas.De igual manera, horas antes (11:00 a.m.), el comité aprobó la contratación del Estudio Echecopar para emitir una opinión legal sobre la modificación del porcentaje de participación de una de las empresas que conformaba dicho consorcio.La sesión se suspendió una hora antes de la medianoche. Se hizo hincapié en que existía una opinión legal que "obligaba a adoptar una decisión inmediata".Fue así que a las 3:00 p.m. del sábado 28 de junio, el comité retomó la sesión. Allí, sin esperar al plazo que ellos mismos establecieron un día antes y sin haber recibido el informe legal, decidieron descalificar al postor que competía con Odebrecht.La decisión fue tomada en base a un informe legal remitido por el estudio de cabecera de Pro Inversión, Delmar Ugarte. Una de las socias de esta firma, Mariana Simoes, fue directora de la constructora brasileña entre el 2008 y el 2011.En conversación con El Comercio, la abogada brasileña negó haber participado en la asesoría brindada por Delmar Ugarte a Pro Inversión para el concurso del gasoducto. Añadió que esto ya ha sido acreditado ante el Ministerio Público.