Al menos US$130 millones de los US$930 millones requeridos para garantizar el inicio de operaciones del gasoducto en el 2019 ya habrían sido recaudados, informaron a El Comercio fuentes del sector, luego de que el Gobierno suspendiera ayer los cargos que aseguraban mes a mes su cobro. La suspensión llega luego de que el Gobierno diera por resuelto el contrato para la construcción y operación del ducto con el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por las empresas Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. En ese contexto y ante una anunciada relicitación del contrato -que se celebrará en los próximos 12 meses, según adelantó el Gobierno-, se desconoce aún cómo se empleará el dinero reunido y cuál será el esquema de recaudación para garantizar la operatividad de las obras que asumirá el nuevo concesionario.