Si bien el monto consignado por concepto de garantía de fiel cumplimiento, contemplado en el contrato del GSP, a pagar por el incumplimiento del mismo era de US$ 350 millones, ahora el Gobierno habla de que tiene que cobrar solamente US$ 262 millones por penalidad al consorcio, por no haber logrado concretar el cierre financiero del proyecto. No obstante, en una de sus cláusulas, el contrato prevé la reducción de la citada garantía, una vez que el concesionario haya acreditado ante el concedente que ha ejecutado avances del 25% de la inversión respecto a las obras comprometidas. El 18 de julio pasado, el Ministerio de Energía y Minas, mediante oficio, señaló que se evidenció en ese momento, que las obras comprometidas superaban el 25% de la inversión, atendiendo a una solicitud de la empresa, basada en la cláusula antes citada.
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