La decisión del Ministerio de Energía y Minas de ampliar por tres años el plazo que tenía la minera Doe Run, que opera la fundición de La Oroya, para cumplir con su plan ambiental fue duramente criticada por el congresista Javier Diez Canseco y por el Movimiento por la Salud de La Oroya (Mosao). Sin embargo, recibió el amplio respaldo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), gremio al que pertenece la favorecida.Así, la SNMPE opinó que la decisión del ministerio "se encuentra de acuerdo a ley porque responde a criterios técnico y, además, toma en cuenta aspectos de índole social, ambiental, legal, económica y financiera que tienen como objetivo proteger la salud, la seguridad y el empleo de la población de La Oroya".Para el Mosao, no obstante, lo que ha hecho el ministro Glodomiro Sánchez ha sido condenar a la población de La Oroya a 34 meses más de contaminación e impunidad. Los reparos también se orientaron a la beneficiaria de la medida, Doe Run. "Nos preocupa que una empresa que no ha cumplido con su compromiso ambiental y técnico sea premiada con esta ampliación del PAMA", expresó la mesa.Por ello, demandó un rol protagónico de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana en la gestión ambiental, con el fin de realizar un monitoreo social y técnico para el cumplimiento de las condiciones establecidas.