Mediante el Decreto Legislativo 1292, publicado el pasado 30 de diciembre, el Gobierno declaró de interés nacional la operación segura del Oleoducto Norperuano (ONP) y dispuso la reorganización de la estatal Petróleos del Perú (Petro-Perú). Estas son las claves de la norma. 1. Autoriza el gasto en la reanudación del ONP.Se busca garantizar su adecuada operación, actualmente paralizada. A juicio de Luis Fernández, socio y director de Gas Energy Latam, el gasto debería orientarse hacia un estudio integral del ducto, que revele su estado, ya que se desconoce la forma y los tramos en que ha recibido mantenimiento desde que fuera implementado en 1976.2. Levanta restricciones de endeudamiento.El decreto levanta las restricciones fijadas para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Así, avala que Petro-Perú celebre contratos de asociación, como ‘joint venture’, y a participar como socio en la exploración y explotación de hidrocarburos.Al respecto, Carlos del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, priorizó la puesta en marcha del ONP, a fin de generar incentivos en la inversión conjunta en zonas potenciales. Fernández advirtió que no se especifica cuál de las partes asume el riesgo si la explotación no fuera exitosa (la norma solo aclara que Petro-Perú no asume los costos de exploración).3. Permite que Petro-Perú financie proyectos por obras por impuestos.De forma excepcional, la petrolera desembolsaría sus impuestos en proyectos de inversión pública (PIP) en las comunidades ubicadas en su zona de influencia. Felipe Cantuarias saludó la disposición, toda vez que llega para completar una labor pendiente. En cambio, Del Solar se mostró escéptico. "Es un mecanismo muy bueno para los privados, no para empresas del Estado. Hay que ver cómo funciona eso", cuestionó.