En uso de sus facultades legislativas, el Ejecutivo declaró de necesidad pública e interés nacional la operación segura del Oleoducto Norperuano y dispuso la reorganización y mejora de Petro-Perú.La norma, publicada ayer en el diario "El Peruano", levanta para las inversiones que requiera el oleoducto las restricciones para asumir endeudamiento y pedir recursos al Estado que impuso el gobierno de Ollanta Humala hace tres años a la petrolera estatal, en el contexto de la ejecución de la modernización de la refinería de Talara. La regulación explicitaba que Petro-Perú podía realizar actividades y proyectos de inversión siempre y cuando estos no generasen "pasivos firmes y contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías [del proyecto de Talara] y no demanden recursos al Tesoro Público".El decreto también le da 720 días de plazo al directorio de Petro-Perú para preparar un plan de reorganización.Transcurrido este lapso, la petrolera volverá al régimen del Fonafe.(Edición sábado).