Entrevista a Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.¿Cuál es la perspectiva de la inversión minera para el 2017? La inversión minera está bajando. El pico fue el 2013, US$10,000 millones. En el 2014 pasó a US$8,500 millones. El 2015, bajó a US$8,000 millones. Ojalá que lleguemos a US$4,000 millones en el 2016. Es probable que el 2017 sea US$2,000 millones. Es una tendencia preocupante.¿Una franca caída se explica por la caída del precio de los minerales? No, no. Hay una caída del precio de los metales, pero una cosa es tener un buen precio y otra un súper precio; US$3.50 la libra de cobre es un súper precio. Yo he conocido la libra a US$0.65 la libra. El primer módulo de Cerro Verde se construyó a US$1.10. Tener ahora US$2.40 por libra es un buen precio. No es magnífico, súper, pero la industria es competitiva a esos precios.¿Cuál es la razón, entonces, de tan abrupta caída? La razón más importante es de índole social. En el lugar donde quieras desarrollar un proyecto, aparece un conflicto. En Bolivia se mató a una autoridad, capturaron al delincuente y lo metieron preso. Le aplican la ley. En Ecuador, ante una protesta antiminera, declaran el estado de emergencia y hay acusación fiscal. Se les explica, pero el Estado hace uso del imperio de la ley. En Perú, no ocurre eso. Cada vez que hay una protesta, se pide que vaya un ministro. ¡En Chumbivilcas han pedido que se presenten siete ministros! Y el primer punto del acuerdo es que no haya denuncias fiscales a los autores del delito cometido. Como no hay acción legal, cada vez es peor. No es una reacción antiminera, lo mismo ocurre en el corredor del sur, como en la selva o en Huaycán con un psicosocial. Comprenderá que detrás de todo esto hay alguien que está buscando el conflicto social.A usted lo critican por adjudicar el conflicto a agitadores políticos y no contemplar el malestar de la población.Me critican por muchas cosas. En mi percepción, no solo se trata de una cuestión de índole ambiental o social. Hay un tema económico crematístico clarísimo. Se ve bien en Las Bambas. Hay un par de hermanitos, los Chávez Sotelo, que están levantando a la población para pedir 155 millones de dólares, exigiendo que el 40% es "su honorario de éxito" como abogados.Es una extorsión. ¿Cómo operan? Generan expectativas en la población y estructuran todo el movimiento para exigir esa cantidad a la empresa. Cuando hicieron las primeras cuatro zanjas a la carretera de Las Bambas, pidieron US$6 millones de adelanto, más 5,000 soles por cada camión que pasara. Como no fue aceptado, ahora piden US$155 millones al contado.¿A quién se lo piden? A la compañía. El 40% es para los hermanos Chávez Sotelo y el resto para las cuatro comunidades. A cada quien le dan lo suyo. Está documentado, el dinero lo piden en un acta escrita y firmada por ellos. No son abogados de las comunidades, han ido allá a buscar una "oportunidad de negocios". ¿Los hermanos Chávez Sotelo tienen ideología política?" No, ellos mismos son. Son "gestores de negocio". El tema es puramente crematístico. El acta está firmada por las comunidades, le ponen 50 sellos y piden una compensación de 150 millones. Ahora no hay cuatro zanjas, sino siete. Las Bambas sigue ahora una ruta alterna. ¿No es una solución? Todo esto entorpece el trabajo de la empresa, están produciendo a menores volúmenes. Se quedó sin suministro. Es un malestar que genera sobrecostos, retrasos. Hubo gente confinada sin poder ir a sus casas. ¿Qué futuro les ve a Las Bambas? En marzo se debe presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. Así lo dijo Martín Vizcarra en la mina. Como dice el amigo De Echave, no es un conflicto de oposición a la actividad minera, sino de convivencia.¿Qué significa? Cuánto más te saco. Estamos conviviendo, pero ahora trabajas para mí.Vizcarra pidió a la empresa de Las Bambas que ponga 800 millones de soles. Esta ha cuestionado.La empresa no puede poner dinero así nomás. Vizcarra colocó una pancarta en el diálogo que decía: "El gobierno pedirá a la minera MG Las Bambas que realice la modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) con un plazo máximo, marzo 2017".¿Cumplirá la empresa? No lo sé. Cada cinco años se actualiza el EIA, a Las Bambas le toca en julio u octubre del 2017. Lo lógico es que se entregue en el momento correspondiente, de acuerdo a ley. Se actualiza incorporando al EIA todo lo que se ha realizado con los instrumentos técnicos (ITS). No lo hace para la fecha que se le ocurre a alguien. ¿A qué viene ese pedido? No entiendo. Es voluntarismo. Quiso demostrar autoridad. Yo soy quien decide qué se va a hacer. Pero no corresponde al marco legal. Hay leyes. Las Bambas nos ha expresado su malestar: esto que le hacen a Pedro mañana se lo hacen a Juan.¿El Ministerio de Energía y Minas aprobó esos ITS? Pero claro. El pedido del vicepresidente no es legal. Es una "pechada", palabra de moda (ríe).(Edición domingo).