Hay que controlar las cosas antes de que se vayan de las manos. En los últimos días se ha elevado peligrosamente el nivel de la confrontación política, hasta llegar al insulto; y peor aun, ayer mismo se ha producido un confuso y violento incidente que ha causado varios heridos de bala en el Cusco , con ocasión de un mitin de Alan García.Esto es muy grave, pues se suma a otras campañas de demolición y repudiable guerra sucia que incluso han tratado de involucrar al Ejército en maniobras de apoyo al candidato aprista. Así, aparecen documentos apócrifos que reseñan la entrega indebida de aparatos militares al Apra, cuya falsedad es evidente a primera vista. La intención aquí sería comprometer al Ejército en una inexistente campaña contra el candidato Humala, al igual que se hizo antes con el presidente Toledo, con las encuestadoras y hasta con la prensa independiente. El telón de fondo de todo esto parece ser la desesperación de Humala y su cúpula por su baja aprobación ciudadana, ante lo cual adoptan la táctica de desprestigiar a todos y gritar que hay un fraude en curso. Con ello estaría tratando de desacreditar el proceso electoral mismo, contra todas las garantías que este ofrece ante los más calificados veedores internacionales. En tal escenario, hay que reafirmar la trascendencia de este proceso, que no puede ser empañado ni deslegitimado por las consignas personalistas de algunos grupos. Es insoslayable la responsabilidad de los candidatos de competir en buena lid, evitar maniobras sucias y subalternas --como la recusable apelación a la violencia-- y respetar con coherencia y hombría los resultados. Corresponde a las autoridades del sistema electoral actuar con firmeza y oportunidad para fiscalizar y sancionar cualquier transgresión a la ley; a los observadores evaluar detenidamente el desarrollo del proceso y señalar eventuales desviaciones; y a las autoridades policiales, fiscales y judiciales investigar y sancionar a aquellos que atacan con violencia a los adversarios o intentan subvertir el orden.Las maniobras de desestabilización tienen que ser denunciadas y castigadas claramente y a tiempo. La estabilidad del país y su viabilidad democrática no pueden ser arriesgadas por culpa de unos cuantos intolerantes y ambiciosos.