La sesión plenaria del jueves terminó con un nuevo dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo. El Congreso decidió aprobar la insistencia de la ley general de electrificación rural, por 68 votos a favor y dos en contra, pese a que se trataba de un dictamen con dos observaciones previas.Esta ley, según la Comisión de Energía y Minas, permitirá el desarrollo de obras de electrificación en áreas rurales, de frontera y localidades aisladas. Sin embargo, el Ejecutivo observó los artículos que precisaban cuáles serían las fuentes de financiamiento de la norma. La ley aprobada dispone que el 25% de los recursos que se obtengan por la privatización de las empresas del sector Energía y Minas, y el 4% de las utilidades de las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras del sector eléctrico, con cargo al Impuesto a la Renta, se destinarán a redes en zonas rurales (antes era el 2%).Para el Ejecutivo, de otorgarse los recursos de las privatizaciones se modificaría la distribución de ingresos que establece la Ley de Bases de la Descentralización. Y el aumento del aporte por utilidades distorsiona el sistema tributario y el principio de caja única.Para el Congreso, sin embargo, actualmente estos recursos se entregan al fondo para la electrificación rural, creado por la Ley 27744, por lo cual no hay distorsión del régimen tributario.