¿SIN LEY EN LA SELVA?

El pasado 19 de noviembre, el Ejecutivo anunció que había llegado a un acuerdo con los 125 dirigentes de las comunidades indígenas de Saramurillo (Loreto) para suspender las protestas que durante 75 días paralizaron esta región de la Amazonía. Luego de una semana de reuniones, el ministro de Cultura, Jorge Nieto, y el hoy ex titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Mariano González, anunciaron que los apus habían suscrito un acta con cinco compromisos para ambas partes. El segundo de estos se refería a "la entrega de las instalaciones retenidas" por las comunidades, la cual debía darse el domingo 27 de noviembre con presencia de representantes de Petro-Perú, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Mindef y el Ministerio de Justicia (Minjus). El domingo último, antes de retomar el diálogo en Loreto, las comunidades de Saramurillo y los representantes del Ejecutivo firmaron una nueva acta. En esta ocasión, concerniente al cumplimiento del segundo compromiso en mención. En el documento, los apus loretanos -representantes de las comunidades Kukama Kukamiria, San Pablo de Tipishca, Samiria, Alto Tigre, Achuar y Alto Pastaza- indicaron que habían cumplido con entregar las "instalaciones y embarcaciones retenidas de la empresa Petro-Perú S.A.".También confirmaron que se había restituido el tránsito fluvial en el río Marañón, el cual fue bloqueado como medida de fuerza desde el 1 de setiembre. Petro-Perú precisó en el acta que "no iniciará ni impulsará acciones legales [contra las comunidades] por lo acontecido durante las medidas de protesta".¿Ley o letra muerta?El experto en derecho penal Carlos Caro explicó que la suscripción de este tipo de actas distorsiona el principio de legalidad, el cual establece la Constitución para la persecución de posibles delitos, como la toma de instalaciones o embarcaciones. "Se crea un precedente negativo. El Ejecutivo debe afinar sus prácticas para la solución de conflictos, porque estos acuerdos pueden condicionar la acción de la fiscalía en la investigación de presuntos actos delictivos, pese a que este es un ente autónomo", dijo Caro.