Desde que el 1 de mayo Bolivia decidió nacionalizar sus hidrocarburos, aún persiste en el sector privado de ese país la incertidumbre acerca del desenlace de este proceso, sobre todo del precio que pagará el Gobierno por las acciones de los ex propietarios de las empresas estatizadas. "Existe incertidumbre porque no se ha definido aún la forma de valuar las acciones, cómo se pagarán éstas y de dónde saldrían los fondos", dijo Luis Díaz Olivero, gerente financiero corporativo de Graña y Montero (GyM), compañía peruana que tiene inversiones en el sector hidrocarburo boliviano, en unión con una empresa alemana. La peruana ya inició una ronda de conversaciones con las autoridades del vecino país, sobre el procedimiento de entrega de las acciones, contemplado en la Ley de Nacionalización de Hidrocarburos dictada en ese país altiplánico.