Entre setiembre y octubre se presentaron seis nuevos conflictos sociales. Cinco de ellos, revela el informe de la Defensoría del Pueblo, están vinculados a actividades extractivas.Allí aparece la protesta de la comunidad de Chumbivilcas, en Cusco, que pide la revisión del EIA a la minera Las Bambas, así como obras de responsabilidad social.También en el Cusco la comunidad nativa de Nuevo Mundo exige a Repsol que se inicie la negociación de contratos de alquiler de tierras, donde se construirá una planta de compresión.Siempre en el mismo departamento, la población de Chamaca protesta contra la minera Hudbay.En La Libertad, las protestas son contra la minera Parcoy, acusada de un presunto derrame.En Lima, la comunidad de San José de Baños protesta contra una subsidiaria de Volcan.
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