Si bien el próximo 17 de enero vence el plazo que tiene el consorcio a cargo del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para lograr el cierre financiero para la construcción de la obra, el Gobierno daría ya por hecho que, de todas maneras, va a convocar a una licitación para volver a adjudicar el proyecto. Así se puede concluir a juzgar por las declaraciones que dio en RPP la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien reiteró la posición del Ejecutivo en el sentido de que no aceptarán el pedido de los bancos que esperaban financiar el proyecto, de que se elimine la cláusula anticorrupción del contrato del GSP. "Es inaceptable para un país renunciar a una cláusula que tienen todos sus contratos, donde dice que si hay un elemento de corrupción, se cae el contrato", aseveró. A continuación, añadió que el Gobierno ha conversado con varios de los financiadores del proyecto, entre ellos de Estados Unidos y Canadá, y que les ha ofrecido que "empecemos de nuevo, con un fast track (vía rápida) para la licitación, si quieren, y que empresas de esos países probablemente serían las ganadoras, porque son las que tienen las mejores condiciones. La también congresista por PPK dio a entender que, más que se caiga la concesión, por la decisión que está adoptando este Gobierno, al país le costaría más aceptar que se elimine la citada cláusula, así como que se cargue el costo del GSP a la tarifa eléctrica, así como que se continúe con un proyecto que no tiene ramales para llevar el gas (desde la tubería matriz) hasta las ciudades de Cusco, Puno o Arequipa.
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