Son sumamente preocupantes las recientes declaraciones del candidato Ollanta Humala que, de modo abrupto y sin presentar ninguna evidencia, advierte sobre un eventual e inexistente fraude e insulta a diestra y siniestra, incluyendo al presidente de la República.Todo ello sin pensar en las graves consecuencias de estas poses alarmistas y violentistas que, contra la opinión de los observadores locales e internacionales (como la misión de la OEA), pretenden echar sombras sobre la transparencia de estas elecciones, creando un río revuelto que afecta la alternabilidad democrática, así como la estabilidad y la imagen del país.¿Qué hay detrás de este revuelo? Lo que parece explicar este giro es la desesperación de Humala por lo que revelan las encuestas, que hasta el momento lo colocan bastante detrás de Alan García. Luego, se pone en evidencia su limitada vocación democrática, que lo torna en un mal perdedor que solo acepta las reglas si lo favorecen, pero patea el tablero si le son adversas. Más allá de eso, sin embargo, estaría su intención de hacerse la víctima, lo que le dio réditos en la primera vuelta. Pero la actitud que más podría preocupar es que esté previendo posicionarse, a mediano plazo, como el líder de una izquierda radical, cuyos principales bolsones político-electoreros serían los asentamientos cocaleros, en su inmensa mayoría vinculados al narcotráfico.Esta sería una apuesta bastante egoísta y riesgosa, pues implicaría poner por delante su desazón por una eventual derrota y su afán revanchista personal antes que los intereses nacionales. En tal contexto, lo más peligroso para la estabilidad del Perú es que todo esto pueda ser el inicio de una permanente política de agitación callejera contra el próximo gobierno, simplemente porque no lo pudo vencer en las urnas.Si fuera así --y ojalá no lo sea--, querría decir que Humala no entiende los usos democráticos. Para evitar fraudes hay que poner más personeros. Y se puede discrepar civilizadamente, pero siempre a la búsqueda de consensos para sacar adelante los proyectos que demanda el desarrollo nacional. Lo contrario, oponerse por consigna a todo, y peor aun con métodos violentistas, como los de los cocaleros ligados al narcotráfico, es simplemente una irresponsabilidad mayúscula e ilegal que los ciudadanos democráticos debemos rechazar.