En el primer trimestre del 2002, las empresas peruanas se encontraron ante un dilema: la ley ordenaba que ajustaran sus estados financieros por inflación, pero el 2001 hubo deflación, así que no sabían qué hacer con sus estados financieros de ese período. Una situación que resolvió la Sunat al indicar que debía hacerse el ajuste.En diciembre pasado, sin embargo, el Tribunal Fiscal (la última instancia administrativa en términos tributarios), comunicó que no debió haberse hecho tal ajuste y, por tanto, las empresas estaban obligadas a regularizar sus estados financieros de ese año (aquellas que tuvieron pérdidas, por el arrastre de las mismas, incluso tendrían que regularizar estados financieros posteriores). Tal situación no solo ha generado malestar entre las empresas locales (en el 2001, el Perú atravesaba por un período de recesión económica, por lo que casi todas las empresas registraron pérdidas y se ven afectadas por la medida), sino que también ha generado preocupación por lo engorroso que puede resultar cumplir con la decisión del tribunal (hay que desempolvar los estados financieros y ajustarlos) y por la incertidumbre jurídica (de regularizar, el período de prescripción legal sobre la información tributaria se amplíaa por cuatro años adicionales).