Uno de los proyecto más complicados de infraestructura es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que impulsado por Odebrecht Latinvest en consorcio con Enagás y Graña y Montero, buscaba llevar gas por ductos de Cusco a Tacna pasando por Apurímac, Puno, Arequipa y Moquegua. Una crítica inicial fue que no había claridad sobre de dónde saldría el gas ni quién lo tomaría en Tacna. Para viabilizar este proyecto, los peruanos pagamos en nuestros recibos de electricidad un cargo por seguridad energética para reducir el impacto tarifario inicial, cargo que está depositado en un fideicomiso. La participación de Odebrecht Latinvest en el contrato iba a ser adquirida por el consorcio Sempra-Techint buscando garantizar el financiamiento, pero antes de ello este y sus bancos solicitaron al Ejecutivo modificar la cláusula anticorrupción del contrato de concesión, pues en esta se declara expresamente que ningún accionista, socio o empresa vinculada ni ninguno de sus directores, funcionarios, representantes o agentes ha pagado, recibido, ofrecido o intentado pagar, recibir u ofrecer una comisión ilegal relacionada con la concesión, el contrato o el concurso. Si esto no es cierto, el Estado puede terminar el contrato. Odebrecht está investigada en Brasil y su principal accionista estaría por revelar a quiénes entregó dinero ilícito. Por ello y por la investigación en el PJ peruano, el Estado no podría modificar la cláusula anticorrupción y, aparentemente, Sempra-Techint y sus bancos considerarían muy arriesgado comprar la participación de Odebrecht, pues podría terminarse el contrato si se demuestra que dio u ofreció coima. En diciembre debe lograrse el financiamiento, pero ello es difícil pues hay demasiada incertidumbre. Si el proyecto es bueno, tendrá futuros interesados, si no es así, sencillamente mejor no continuar con él, señala Cecilia Blume.