Las comunidades campesinas, organizaciones sociales, frentes de defensa y los alcaldes de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, en Apurímac, emitieron un pronunciamiento en el que deslindaron con las "agendas oscuras" de asesores que son ajenos a sus reclamos y a la empresa minera MMG Las Bambas y al Estado."En los últimos meses personas extrañas con intereses subalternos se han hecho presentes en nuestra provincia para aprovecharse de nuestras demandas legítimas, distorsionarlas y obtener beneficios económicos, políticos e ideológicos", dice el comunicado.Responsabilizan de esta situación al abogado Ivan Ovalle y los hermanos Chávez Sotelo, a quienes acusan de estar "ocasionando enfrentamiento y división en las comunidades en función de sus particulares intereses económicos".Sostienen que actualmente esos abogados asesoran a las comunidades de Quehuira, Allahua, Choquecca y Pumamarca en sus reclamos a la empresa MMG, a cargo de Las Bambas y justamente estas cuatro comunidades son la que mantienen bloqueado el acceso de camiones al proyecto minero.(Edición domingo).