En medio de la tregua que ha pedido el Gobierno para resolver el conflicto en torno a Las Bambas (Apurímac), donde las comunidades campesinas exigen que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) para ese proyecto cuprífero -actualmente en explotación-, así como una auditoría ambiental a la empresa MMG, a cargo de esa iniciativa, el Ministerio del Ambiente (Minam) fijó su posición. En principio, el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Armando Villanueva (AP), reveló que ante ese grupo de trabajo la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, habría reconocido que se habían hecho cambios sustantivos o relevantes al proyecto (por parte de MMG, empresa que lo ejecuta), que ameritaban una modificación de su estudio de impacto ambiental.Al respecto, en diálogo con Gestión, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, reconoció que hay impactos en ese proyecto que se han subestimado y no se han incluido en dicho estudio (EIA), como es el impacto no solo ambiental, sino también social , que genera el paso de 125 viajes en camión que circulan a razón de uno cada seis minutos, atravesando por las zonas que habitan las comunidades, por rutas sin asfalto."Queremos que, de alguna manera, la empresa incorpore esto (ese impacto socioambiental) ya no mediante un informe técnico sustentatorio (procedimiento acelerado que se aplicó en el anterior cambio al EIA, en el pasado Gobierno), ni tampoco con un nuevo EIA, sino mediante una actualización del estudio de impacto ambiental", aseveró.
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