De no resolverse en cuestión de días las complicaciones que enfrenta la venta de acciones de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (al consorcio Sempra-Tecpetrol), la ejecución del proyecto podría complicarse aún más, con nuevos atrasos en sus obras, y mayores costos para el Estado, es decir, los usuarios eléctricos. Este 4 de noviembre vence el plazo para pagar el crédito puente de US$ 600 millones, que los bancos habían otorgado al consorcio a cargo del proyecto, para poder iniciar las obras, en tanto que las demás entidades financieras que integran el pool de bancos aprueban el crédito principal para la obra, estimado en US$4,125 millones. Precisamente, la aprobación de este último crédito, estaba sujeta a que Odebrecht (afectado por el escándalo del caso "Lava Jato"), transfiriera primero su 55% de participación accionaria en el GSP a un tercero, que en este caso, se esperaba fuera el grupo Sempra-Tecpetrol. Fuentes del Gobierno advirtieron que, con este impasse, hay varios riesgos en ciernes para el proyecto.
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