Más vale prevenir que lamentar, y este es un dicho que debe considerar el gobierno, ya que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay casos y situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades correspondientes, incluidos los gobiernos locales y regionales."La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto", refiere el Reporte de Conflictos Sociales del mes de setiembre de esta institución.Uno de los casos a los que hace referencia el informe es el de Las Bambas (Apurímac), en el cual, señala el estudio, las organizaciones sociales y las comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas reclaman una falta de información con respecto a las modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero.Cabe precisar que en su último semanario, ComexPerú refiere que el conflicto por esta obra significaría una paralización de alrededor de US$10,000 millones.Loreto es otra región que requiere una prioridad en la atención. Según el reporte, en el distrito de Trompeteros hay comunidades que exigen a la empresa Pluspetrol, operadora del Lote 8, una compensación por el uso de las tierras e indemnización por impactos al ambiente.