Hace tres días comentamos en esta página la posibilidad de que la reacción del Ejecutivo ante las ‘coordinaciones indebidas’ del ex consejero presidencial Carlos Moreno hubiese estado inicialmente teñida de un ánimo indulgente, que, afortunadamente, fue enmendado con el transcurso de los días. Abonaban -y abonan todavía- esa hipótesis la demora del Ejecutivo en presentar al Ministerio Público la denuncia contra el ex consejero presidencial, así como la circunstancia de que el jefe de Estado declarase el martes de la semana pasada -cuando ya estaba plenamente al tanto de la naturaleza del problema- que el retiro de Moreno había obedecido a "razones personales" por exceso de trabajo y el hecho de que se le hubiese agradecido por los servicios prestados en la resolución en que se aceptó su renuncia.A estos señalamientos (que el oficialismo ha respondido con el débil argumento de que, antes de adoptar una actitud severa, se debían cumplir determinadas "diligencias para verificar la verosimilitud de la información recibida"), ha venido a agregarse este martes un ingrediente que, superado el desconcierto que produce a primera vista, cabe interpretar en el mismo sentido.Nos referimos, por supuesto, a la contradicción entre el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República en torno a si Moreno era o no funcionario público al momento de incurrir en la conducta que ahora es materia de investigación.Como se sabe, ese día por la mañana, el primer ministro respondió positivamente a una pregunta directa sobre el particular en la Comisión de Salud del Congreso. Pero horas más tarde, el mandatario sostuvo lo contrario. "Él no es funcionario público, él no recibía ningún sueldo ni ninguna remuneración de Palacio", aseveró.Una lectura superficial de lo ocurrido podría sugerir que estamos ante un problema de comunicación entre los dos máximos representantes del Ejecutivo. Pero la verdad es que, a esas alturas, existían suficientes opiniones y elementos de juicio que apuntaban en el sentido contrario a lo sentenciado por Kuczynski como para que resulte verosímil que él ignoraba el estatus de Moreno en la administración pública.No solo se habían pronunciado ya el primer ministro y la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, acerca de su indiscutible condición de funcionario público, sino que ellos mismos y otras voces en la prensa habían recordado que Moreno fue nombrado y ‘renunciado’ por resolución suprema, que además -a diferencia de Máximo San Román y Felipe Ortiz de Zevallos, los otros dos consejeros presidenciales- el gobierno dispuso para él ‘apoyo técnico y logístico’ y que las funciones de consejero presidencial figuran en el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial.Todas esas fuentes, además, habían coincidido también en la irrelevancia del dato de la ausencia de sueldo o remuneración para la categorización respectiva. Cabe anotar, por otra parte, que si la tesis de que el ex consejero no era funcionario público fuera la correcta, el argumento de que había que cumplir con "gestiones administrativas" antes de licenciarlo y acusarlo ante la fiscalía se derrumbaría.Nos encontramos, pues, una vez más ante la sugerencia de que, desde la presidencia, se podría estar tratando de atenuar la gravedad del ‘affaire’ Moreno y del problema en que su protagonista está envuelto, ya sea por las sombras que arroja sobre la actual administración o sencillamente porque, en virtud de alguna deferencia personal, se le quisiera conceder al ex consejero algunas consideraciones de investigado VIP.Sea como fuere, sin embargo, sería prudente que, si quiere alejar de sí estas inconvenientes suspicacias, el jefe del Estado se asegure de que, de ahora en adelante, sus declaraciones y las de los miembros de su gabinete estén en perfecta sintonía; y, sobre todo, deje de decretar que este feo asunto es ya un "capítulo cerrado", cuando en realidad es evidente que recién empieza.