Un día antes de que se cumplan cinco años de la publicación de la Ley de Consulta Previa, Fuerza Popular ingresó una iniciativa legislativa que propone que se limite su aplicación."En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa", refiere la propuesta impulsada por la legisladora Úrsula Letona. Así también señala que se omitirá "cuando se cuente con autorización previa conforme a ley (…) haciéndose extensiva a todas sus etapas".Actualmente, la consulta es obligatoria ante medidas legislativas o administrativas que afecten directamente los derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo de los pueblos originarios. Dichas iniciativas pueden provenir del sector privado, pero también del público.En la exposición de motivos, Fuerza Popular advierte que a más de cuatro años de la aplicación de la consulta previa existe una incidencia negativa en la inversiones y en el desarrollo de los pueblos.Ante este panorama, plantea "modificaciones sobre aspectos puntuales".
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