En la región Puno, la Defensoría del Pueblo ha reportado 11 conflictos sociales activos y siete latentes. El jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, informó que estos corresponden a temas socioambientales, de demarcación territorial y asuntos ligados al gobierno local y regional.Puno es considerada una de las regiones más conflictivas del país, después de Apurímac y Áncash. "Muchos de los conflictos se deben al descontento de la población, que se origina porque las autoridades locales no rinden cuentas y no existe transparencia en muchas instituciones públicas", manifestó Ticona.La poca efectividad de entidades como el gobierno regional, a través de la Oficina de Conflictividad, incrementan el problema. En la región se han suspendido mesas de diálogo en varios casos, como en Ocuviri, con la empresa minera Aruntani; en Antauta, con la empresa Minsur; y en Paratía, con la empresa Ciemsa, indicó Ticona Huamán. El representante señaló que la suspensión de dichas mesas de diálogo se debió al reciente cambio de gobierno y que es urgente que se retomen.