"El problema de fondo de la contraloría -y muchas entidades del Estado- es que no entiende cuál es la diferencia entre una asociación público-privada (APP) y una obra pública". Así opinó la presidenta de Ositrán, Patricia Benavente, en relación con el reciente accionar de la Contraloría General de la República sobre las concesiones, puntualmente la línea 2 del metro, caso en que denunció civilmente a 23 funcionarios de Pro Inversión y alertó a Ositrán por posibles irregularidades."Toda intervención del Estado en general debería tener un enfoque cuando estás hablando de obra pública y de uso intensivo de recurso público y, sobre todo, de retención de riesgo dentro del Estado; y otro enfoque cuando se tiene una APP, donde un inversionista asume el riesgo de diseño, construcción, operación y mantenimiento", agregó la funcionaria. Benavente explicó que existe otro riesgo potencial para las inversiones: la politización de los proyectos de inversión privada. "Para mitigar este riesgo, el único que puede tomar acción es el Gobierno y creo que la oposición también tendrá que mostrar su compromiso con la agenda de desarrollo del país".