La visita del líder opositor venezolano Henrique Capriles a tierras peruanas ha causado un gran impacto. Su presentación, el día de ayer, en el pleno del Congreso de la República y su reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski son eventos significativos de la nueva posición que tendría el país respecto de la grave crisis que vive Venezuela bajo la dictadura chavista.Ayer, en el pleno, todas las fuerzas políticas se unieron para aprobar una moción "en resguardo de las libertades y derechos del pueblo venezolano" con la saltante excepción de la bancada parlamentaria del Frente Amplio (FA), que había preparado una moción particular. Un documento cuyo contenido resultó coherente con las abstencionistas muestras que fueron dando sus representantes, como por ejemplo, Indira Huilca, para quien "entrar en el debate simplón de democracia y dictadura no ayuda", o el también parlamentario izquierdista Humberto Morales, quien cuando se le preguntó si aceptarían reunirse con Henrique Capriles, respondió: "Definitivamente no. Nosotros no tendríamos absolutamente nada para reunirnos con el señor [Capriles]".Fue, finalmente, la vocera alterna del FA, Marisa Glave, quien sí tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con el líder de la oposición venezolana y, al tenerlo al frente en el hemiciclo, atinó a desearle que prospere el diálogo en Venezuela y a decirle: "Sería interesante conversar en algún momento".Por si estas expresiones no fueran el fiel reflejo de una alarmante pasividad ante una situación que no puede caracterizarse como menos que una dictadura, bastaría con leer el documento preparado por el FA para constatarlo. Antes que mencionar algo sobre la persecución política, atropellos a los derechos humanos y opresión a la prensa, el FA prefiere calificar lo que sucede en Venezuela como una "compleja situación política, económica y humanitaria".Y olvidando por completo a los responsables del gobierno chavista y su constante represión a cualquier fuerza opositora, el FA afirma que"se vienen dando renovados esfuerzos de diálogo aceptados por las partes". Finalmente, el FA demanda "el respeto al derecho internacional respaldando los mecanismos de diálogo promovidos por Unasur" -ignorando olímpicamente de paso la invocación del secretario general de la OEA a la aplicación de la Carta Democrática- y que sus recomendaciones "sean aceptadas por las partes". Pero habría que preguntarles a los representantes del FA cómo esperan que el gobierno de Nicolás Maduro acepte el diálogo y respete el derecho internacional, mientras mantiene presos a líderes de la oposición, y cuando ni siquiera ha sido capaz de respetar su ordenamiento interno, creado por el propio Hugo Chávez a su conveniencia. Prueba de esto último son las constantes artimañas y trabas que vienen levantando para bloquear el referendo revocatorio contra Maduro.Basta mencionar, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -fiel al gobierno chavista- decidió crear un requisito inexistente en la Constitución o la ley venezolana de recolectar las manifestaciones de voluntad del 1% de los electores para iniciar este proceso. Que se tardó 48 días en entregarles la planilla para que inicien esta recolección. Que se tomó tres meses adicionales para declarar su validez, cuando según las normas, debía hacerlo en solo cinco días hábiles.Y podríamos añadir a la enumeración la creación de un trámite de digitalización de las planillas, otro de transcripción y uno más de auditoría, inventados sobre la marcha con el único afán de dilatar el proceso, a sabiendas de que si el referendo revocatorio no se celebra en el 2016, de prosperar, solo se habría revocado a Maduro mas no al chavismo, pues sería sucedido por el vicepresidente sin necesidad de convocar nuevas elecciones.Con los últimos anuncios del CNE de que el siguiente paso consistente en la recolección de cuatro millones de firmas recién se habilitaría en octubre, y que podrían tardarse 29 días para su verificación, y posteriormente tendrían 90 días más para convocar el referendo, es prácticamente una certeza que el gobierno chavista habrá logrado su cometido de postergarlo hasta el 2017. Quién sabe si para entonces el FA tenga mejores ánimos democráticos para reunirse con la oposición venezolana y condenar sin tapujos a una dictadura, sin importar su color político.