La oportuna intervención del comunero Samuel Mendoza evitó una tragedia de graves consecuencias. Al notar que la situación se tornaba incontrolable por la enardecida presencia de unos quinientos ronderos, este vecino del campamento minero La Zanja tomó la decisión de abrir las puertas de su vivienda, donde albergó a unas 150 personas que se salvaron de ser agredidas por los manifestantes.A dos días del ataque, la puna cajamarquina luce más desolada que de costumbre. Predomina el olor a ceniza y en los alrededores del campamento apenas se puede apreciar lo que hasta hace poco eran modernas oficinas equipadas con sistemas de telecomunicación, módulos de vivienda, talleres, un centro de cómputo y enormes talleres donde la empresa Buenaventura guardaba lo más valioso: muestras de roca y material diverso, resultado de costosas labores de investigación llevadas a cabo en la zona de exploración desde el año 1993.En similar situación quedaron los vehículos, reducidos a un montón de chatarra. Por otro lado, unos cien obreros y personal administrativo han tenido que paralizar sus labores, tanto en el centro de exploración como en el campamento, distantes a unos cuatro kilómetros uno del otro.La policía ha iniciado una profunda investigación, sin embargo testigos del ataque -entre los que se puede incluir al superintendente de Buenaventura, Ricardo Huarcaya, y al jefe del proyecto de La Zanja, Omar Rodríguez- dijeron a este Diario que en el enfrentamiento se habría visto a dos policías que apoyaban a los comuneros, sujetos infiltrados e incluso al alcalde distrital de Tongod, Roberto Becerra Mondragón, quien resultó con un brazo herido. También vieron a dirigentes de las rondas de varios distritos aledaños, como Santa Cruz, Pulán e incluso de la provincia de San Miguel.