En la edición del martes 9 explicamos que los consumidores eléctricos tendremos que entregar más de 11,000 millones de dólares en subsidios por el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Asimismo, el ingreso del GSP no solo originará una considerable alza en las tarifas eléctricas (lo que haría inviable la promesa electoral de PPK en el sentido que en su Gobierno no se iba a elevar dicha tarifa) sino que unido a otras intervenciones del Estado en el sector, están generando una serie de distorsiones y defi ciencias en la asignación de recursos.Al extremo que en su primera manifestación a los medios, el nuevo ministro de Energía (MEM) enfatizó que "el mercado eléctrico está muy desordenado". De otro lado, teniendo en cuenta la considerable magnitud de los futuros incrementos de tarifas eléctricas (por el GSP y otros proyectos) llegará un momento en que la presión ciudadana frente a los aumentos será muy intensa, y se solicitaría que el Tesoro Público asuma dichas obligaciones (ya se viene planteando pero todavía muy tímidamente), y ya sabemos cómo reaccionan los gobiernos antes las movilizaciones sociales. Por lo que eventualmente se podría ceder; con lo que las metas de déficit fiscal para el 2017 y 2018 anunciadas por Alfredo Thorne, no podrían ser alcanzadas, con las negativas consecuencias que eso acarrearía. La renegociación Por lo que resulta muy importante que el Gobierno renegocie el contrato del GSP, sobre todo en estos momentos en que el Grupo Odebrecht está muy necesitado de liquidez para afrontar una serie de problemas derivados de los importantes problemas judiciales que enfrenta. El GSP, a solicitud de los bancos, requiere que el Gobierno apruebe y firme una adenda de bancabilidad. Sin embargo, el ministro Tamayo ha manifestado que ellos no negociarían mientras Odebrecht (Odb)controle el GSP, argumentando además que los dispositivos legales vigentes establecen que durante los 3 primeros años de concesión solo se permite que se efectúen cambios relativos a la corrección de errores materiales; al cierre fi nanciero y a ciertos aspectos operativos. En efecto, el DS 410- 2015-EF establece lo anterior. Sin embargo, frente a la magnitud de los problemas que se presentarían, el Gobierno debería modificar el DS 410 a fin de posibilitar una renegociación bilateral y una disminución de los irracionales niveles de subsidio pactados.Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus intereses;pero ¿quién defiende los intereses de los consumidores? Se supone que sea el Gobierno de turno. Obviamente este no fue el caso durante el Gobierno anterior; ¿PPK y/o el Gabinete Zavala defenderán los intereses de los consumidores o nuevamente quedarán desamparados?, señala Manuel Romero Caro.
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