En reciente editorial (5/5/2006) calificamos de confiscatoria la abrupta decisión del presidente boliviano Evo Morales de 'nacionalizar' los recursos hidrocarburíferos a través de decreto y de la ocupación por la fuerza pública de las instalaciones de las empresas petroleras.No exageramos y el tiempo nos da la razón: anteayer Morales anunció que su Gobierno no indemnizará a las empresas a las que ha afectado este proceso . Es decir, los inversionistas --que tienen derecho a exigir compensaciones en tribunales internacionales-- perderían lo que el Estado les está quitando sin recibir ninguna compensación a cambio ya que, a juicio de Morales, lo que les han dejado es suficiente.¿Cómo se llama esto? Fuera de eufemismos y giros demagógicos, lo que ha hecho el señor Morales --de acuerdo con el diccionario, el Derecho Positivo y el ordenamiento constitucional--, es una burda confiscación. Aparte de ilegal, es una medida aislacionista y retrógrada, que espanta las inversiones y alienta la ineficiencia, el desorden y la corrupción estatal, con lo cual finalmente se hace más pobres a los pobres.(Edición sábado). La situación boliviana debe ser observada por los peruanos, que ya hemos vivido estas experiencias con desastrosos resultados. Ello nos obliga a ser muy críticos para exigir a los políticos definiciones claras, pues detrás del nacionalismo de algunos podrían estar agazapadas peligrosas intenciones estatistas y confiscatorias.