El Estado Peruano debería definir, siquiera básicamente pero con toda claridad, certeza y oportunidad, su política judicial interna y externa respecto del juzgamiento de terroristas actualmente encarcelados.Tomar posición firme en este tema -ante organismos supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, así como en los tribunales peruanos- es hoy más indispensable que nunca.En el ámbito internacional debemos responder pronto y sin vacilaciones a los fallos de la corte y la comisión interamericanas, sobre las demandas interpuestas por terroristas que pretextan no haber tenido un debido proceso en los tribunales peruanos. Allí está el caso de Lori Berenson, quien podría ser juzgada por tercera vez si es que la Corte Interamericana acoge su demanda, basada en el supuesto de que en su segundo proceso también se produjeron violaciones a las convenciones correspondientes.¿Ante esto, qué hará el país: acatará las decisiones de la corte, no tolerará la liberación de ningún terrorista o, como han postulado algunos irresponsablemente, analizará la posibilidad de separarse del ámbito contencioso de la corte (lo cual, dígase de paso, no resolvería nada, más que privar al Perú de un foro indispensable y necesario por razones democráticas, éticas y hasta económicas)?En el ámbito interno sobran los vacíos e indefiniciones. El accidentado megajuicio a Abimael Guzmán y la cúpula senderista ha puesto sobre el tapete las deficiencias de una administración de justicia sin capacidad de reacción para resolver uno de los procesos más gravitantes de nuestra historia reciente. Esto se tradujo en la negligente constitución del primer tribunal encargado de juzgar a los senderistas, y también en la precaria situación del procurador Guillermo Cabala -garantía de estabilidad de la defensa del Estado- y ahora cuestionado por haber emitido opinión exculpatoria sobre Berenson. ¿Qué hace el Poder Judicial que no impone la mínima confianza pública al respecto?Es claro que el Estado tiene varios asuntos por aclarar. Por ejemplo, que ha cumplido con corregir los errores cometidos por el fujimorato, desde que el Perú retornó al seno de la CIDH.En cuanto al ámbito interno, el país espera también que se garantice que la justicia peruana nunca se parcializará con quienes sembraron el terror durante veinte años. Para eso se necesita una sola cosa: decisiones coherentes sobre lo que hay que hacer y no hacer.