El pasado 6 de julio, durante su visita al complejo metalúrgico de La Oroya, Pedro Pablo Kuczynski reavivó un conflicto que parecía llegar lentamente a su fin. "Hagamos una marcha al Congreso para pedir que ¡no dejen morir La Oroya!", exclamó. El próximo presidente del Perú convocó así a una movilización que fue muy cuestionada por las fuerzas políticas, pero que, al mismo tiempo, ha resucitado las esperanzas de un pueblo que ha vivido de la actividad metalúrgica por casi 90 años. La paralización, en 2009, de las operaciones de la refinería manejada por Doe Run Perú (DRP), la más grande del país y una de las más potentes de Latinoamérica, relegó a los oroyinos a la subsistencia. Los pobladores y trabajadores de la compañía piden su reactivación, quizá más interesados en mantener el sustento de sus familias que en su propia salud. La principal preocupación de Kuczynski es que, al haber entrado en un proceso de liquidación en marcha y no encontrar aún un postor, DRP termine disolviéndose y vendiendo todo el complejo por partes. El 27 de agosto es el día límite. Con su llamado, el futuro jefe de Estado busca que, mediante una ley, esta fecha sea extendida por un año para que otra compañía haga que la fundición entre en operaciones nuevamente.Hace unos días, PPK aseguró que lo de la marcha al Congreso no iba en serio. "Fue un decir, nada más", acotó, pero reafirmó su interés por que la metalúrgica vuelva a prender motores. Ante esto, la pregunta cae por sí sola. Si ninguna empresa ha querido adquirir la fundición de La Oroya en estos años, ¿por qué con Kuczynski sí habría alguna oportunidad? En opinión del ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el Estado debe asumir el costo de los pasivos ambientales para hacer más atractiva la compra al postor. "A las empresas no se les puede pedir milagros. Lo que el Estado puede hacer es asumir un costo como una manera de resolver el problema ambiental", manifestó. Para el ingeniero metalúrgico Julio Bonelli, el mismo gobierno puede completar el PAMA y vender el complejo metalúrgico totalmente renovado. "Se pueden invertir 150 o 200 millones de dólares, instalar la planta para el circuito de cobre y ofrecer la refinería ya adecuada para su funcionamiento", propuso Bonelli. La solución al problema de La Oroya, ahora, está en manos del nuevo jefe de Estado, pero antes el Congreso, de mayoría fujimorista, deberá prorrogar el plazo de liquidación.