Si bien el Estado peruano salió airoso frente al arbitraje internacional planteado por Renco por la paralización de su empresa Doe Run (La Oroya), las exigencias ambientales para esta última no serían flexibilizadas aun si así se facilitara su venta.El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló que los activos de Doe Run deberán ser vendidos con los actuales estándares (80 microgramos de dióxido de azufre por m3). De lo contrario, sostuvo, Renco podría arremeter nuevamente. "El arbitraje se plantea porque Renco señala que el Estado peruano le estableció una exigencia que no le permitió actuar, pero si cambiamos esa regla con la idea de que La Oroya funcione, entonces Renco tendría razón", señaló en RPP. Así, la compañía estadounidense podría iniciar una nueva controversia ante el Perú por US$ 1,000 millones, una suma más alta que la requerida para poner en operación a Doe Run en La Oroya, advirtió.
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