Concluida la primera vuelta electoral, las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han vuelto a poner sobre la mesa un tema básico para la democracia: la necesidad de hacer ajustes a la ley de partidos para posibilitar un control eficiente de sus ingresos y gastos.Como lo enfatizamos en su momento, es importante que se haya avanzando en algunas cosas, como la obligación de publicar la hoja de vida de cada postulante y las fuentes de financiamiento de la campaña. Sin embargo, es lamentable que se le haya negado a dicha entidad la facultad de sancionar eventuales irregularidades en la captación de fondos partidarios, con lo cual la obligación se convierte en mero y risible formalismo. En la práctica, como se ha demostrado en el actual proceso, son pocas las organizaciones partidarias que han presentado al menos sus reportes financieros, lo que reitera que sin sanción efectiva muy pocos se avienen a cumplir con su deber. El problema es muy grave para la salud democrática. Con la actual norma y su reglamento resulta imposible fiscalizar los aportes individuales y diferenciarlos claramente de los corporativos, lo que deja las puertas abiertas para el ingreso de dinero sucio, proveniente de grupos de interés o de las mafias del narcotráfico, cuyo afán de infestar la política es innegable.Ya que este Congreso no lo ha hecho --lo que es criticable--, habrá que esperar hasta que se instale el próximo para abordar el tema y hacer las correcciones pertinentes. De antemano, reiteramos la necesidad de que los nuevos grupos parlamentarios se comprometan desde ahora a hacerlo, tomando como base la experiencia de esta elección y de las anteriores.La ciudadanía debe permanecer alerta. Si los partidos quieren ser realmente las bases del Estado de derecho, pues tienen que democratizarse ellos mismos internamente y actuar de la manera más limpia y transparente para rendir cuentas claras y precisas sobre sus ingresos y gastos de campaña.