Ministerio Público ha confeccionado un organigrama que detallaría cómo los dirigentes del Valle de Tambo establecieron tareas puntuales para llevar adelante una protesta que habría tenído como objetivo final obtener una millonaria suma de dinero. A través del levantamiento del secreto bancario y tributario de los implicados, se ha encontrado que la empresa Southern Copper realizó pagos al abogado Jesús Gómez Urquizo por una supuesta asesoría legal por un monto cercano a S/1,5 millones; también se confirmó que este pagó S/170 mil al dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, y que este a su vez desembolsó S/12 mil a Jesús Cornejo, uno de los principales promotores de las protestas. Sin embargo, estos pagos fueron anteriores a la grabación del audio en cuestión, y por lo tanto no se puede demostrar fehacientemente si hubo delito de extorsión posterior a la conversación grabada. Según la carpeta fiscal, los directivos de Southern Cooper niegan haber sido extorsionados. Estos últimos dos factores podrían entrampar el proceso.