Una semana después del anuncio de la estatización de los recursos energéticos de Bolivia, las principales empresas inversoras que operan en el país andino mantienen posturas divergentes a la hora de hacer frente al nuevo contexto.Así Petrobras (Brasil) se opone rotundamente al incremento de dos dólares por cada millar de pies cúbicos en el precio del gas anunciado por Evo Morales.La empresa además da un plazo de 45 días al gobierno boliviano para concluir la negociación sobre el precio del recurso energético. Y sostiene que en caso de no haber resultados en ese lapso recurrirá a un arbitraje internacional en Nueva York.Algo diferente es la actitud de la compañía hispano-argentina Repsol YPF. En este caso la empresa y el gobierno ya anunciaron que iniciarán tratativas para que Repsol YPF se asocie al Estado boliviano. Un gesto positivo para Morales, pues este es uno de los principales ítems del proceso nacionalizador iniciado el pasado 1º de mayo.