En diciembre del 2000, días después de que Valentín Paniagua asumiera el gobierno de transición en el Perú, el entonces presidente del Consejo de Ministros y canciller Javier Pérez de Cuéllar planteó, en su primera presentación ante el Congreso, la necesidad de establecer un mecanismo de defensa contra cualquier intento de quiebre del orden democrático. Esta iniciativa se traduciría meses más tarde en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), una disposición para que los países miembros de este organismo puedan someter a examen la democracia de una nación y, si fuera el caso que reprobara, sujetarla a acciones correctivas como restringir su participación en la organización internacional mientras persista la ruptura del orden democrático.Solo unos meses después, en abril del 2002, la carta sería aplicada tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez, aunque no tendría efecto luego de que el gobernante retornara a su cargo. Pasaron 14 años para que Venezuela sea nuevamente el país que motive la activación del instrumento internacional, ahora por las tropelías originadas por el heredero del chavismo Nicolás Maduro. Esta semana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó que se convoque a una sesión urgente del Consejo Permanente de la organización para votar la aplicación de la carta ante las "alteraciones graves del orden democrático" en el país bolivariano. En el informe de 132 páginas que acompañó Almagro se recuerdan los continuos atropellos del chavismo a la democracia.Un editorial no bastaría para recordar todos los episodios de persecución política, encarcelamiento a opositores, amedrentamiento a la prensa y criminalización -cuando no violencia física directa- de la protesta que se han sucedido en Venezuela, pero los ejemplos recientes del desprecio de todos los cauces constitucionales -incluso bajo una Constitución promulgada en 1999 y modificada en el 2009 a voluntad y antojo del chavismo- pueden ser bastante aleccionadores de la situación "democrática" que vive el país llanero.Así tenemos, por ejemplo, el continuo recorte de facultades a la Asamblea Nacional -por primera vez en manos de la oposición tras las elecciones de diciembre pasado–. Solo en los últimos meses, el Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el chavismo- declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación (para los presos y perseguidos políticos) aprobada por el Parlamento, y el gobierno de Maduro bloqueó el voto de censura que el Legislativo había emitido contra su ministro de Alimentación, dictando un inconstitucional decreto para "restringir y diferir las mociones de censura" mientras dure el estado de emergencia económica que el propio presidente había decretado previamente.A ello se suman las barreras que se vienen levantando desde el Ejecutivo para evitar el referéndum revocatorio. Si el proceso era de por sí harto complicado (requiere que el 1% de los electores manifieste su voluntad de iniciar el proceso revocatorio, validen su huella ante el Consejo Nacional Electoral y, en apenas tres días, presenten cuatro millones de firmas solo para activar el referéndum), la declaración del vicepresidente chavista, Aristóbulo Istúriz, en el sentido de que "aquí no va a haber referéndum", evidencia el camino cuesta arriba que enfrenta el pueblo venezolano para recuperar su democracia.En este contexto, la solicitud de Almagro -como era de esperarse- no ha calado bien entre los gobernantes cercanos al régimen chavista. Rafael Correa, por ejemplo, indicó que Almagro "está bastante desubicado", mientras que Evo Morales lo instó a no ser un "instrumento de intervencionismo". Pero fue el propio Maduro quien demostró el respeto que guarda a los organismos internacionales y su aprecio por la democracia al invitar al secretario general de la OEA a que se meta la Carta Democrática "por donde le quepa". Lo que resulta ciertamente lamentable es que incluso otros países que felizmente no han caído o se han librado de la sombra del chavismo no hayan hecho eco de la solicitud de Almagro. El jueves, el Consejo Permanente de la organización optó por promover una vía conciliadora, acordada por los 34 países miembros, que insta a un "diálogo abierto" y a adoptar medidas para "la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa". La realidad, empero, es que las actitudes y acciones del Gobierno Venezolano son precisamente las de una dictadura que no admite diálogos, ni mucho menos la consolidación de cualquier manifestación democrática, por lo que la laxitud de los representantes latinoamericanos en la OEA tiene el mismo valor que el de la silente complicidad.(Edición sábado).