En momentos en que las inversiones en busca de nuevos yacimientos mineros siguen cayendo en el país, cada año se devuelven al Estado entre 3,000 y 4,000 concesiones mineras, muchas de las cuales no pueden concluir la fase de exploración, porque no pueden cumplir los plazos y trámites legales que se fijan para poner en actividad esas concesiones. Así lo advirtió Humberto Martínez, especialista en temas mineros del Estudio Rosselló Abogados, quien explicó que el problema surge desde el 2008, cuando el Gobierno, al amparo de facultades delegadas, introdujo cambios en el régimen de concesiones mineras, y estableció un lapso de diez años como plazo perentorio para que los titulares de la concesión concluyan la fase de exploración y empiecen a producir a partir del año once de otorgadas lasmismas.