Una de las promesas incumplidas de este gobierno fue solucionar el tema en La Oroya, con la venta de Doe Run y cumplir así con todos los acreedores y reactivar la situación económica local. Pese a que el gobierno es poseedor del 60% de las acreencias, lo que se tiene a la fecha es una postergación hasta agosto (con un nuevo gobierno).Para el experto en minería y gestión ambiental, Juan Aste, en efecto, el Estado no le ha dado la importancia del caso a La Oroya y se ha encontrado en situación de abandono pensando que era un tema privado, cuando más bien era su responsabilidad."Esto ha significado que en las propias juntas (de acreedores) no haya un chequeo de si lo que recomiendan es una liquidación. Habría que revisarlo porque lo que ha habido es un gasto, una descapitalización de la propia empresa y no una solución. Qué garantiza si deliberadamente llevaron la situación a ese punto", cuestionó.Desde el 2012 a la fecha han pasado tres liquidadores por Doe Run Perú (DRP): Right Business, Profit y hoy Dirige. De acuerdo con cálculos de los acreedores laborales, los honorarios sumados de las empresas ascienden a no menos de S/ 20 millones.Pese a estos ingentes sueldos, los liquidadores no han logrado resolver el tema central para el cual se les contrató, que es vender los activos de DRP, constituido por la mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO).