Los desafíos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) empiezan por casa. Hoy, el sindicato de trabajadores de la institución tiene prevista una huelga indefinida en reclamo de mejores condiciones de trabajo.La Sunafil fue creada en el 2013 -e inició funciones en el 2014- con el objetivo de mejorar la inspección laboral en el país, la cual era prácticamente inexistente fuera de Lima: según cifras del Ministerio de Trabajo, a abril del 2012 el 92% de los gobiernos regionales -autoridades responsables de la inspección laboral- no tenía más de cinco personas dedicadas a esta labor; y en Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín y Ucayali no existía ese personal.Sin embargo, aún no termina de implementarse por completo. "Sunafil es una institución en construcción e implementación progresiva. Y una de las cosas que tenemos que entender es eso: que es un proceso; no es una institución que se crea y que de la noche a la mañana ya está todo hecho", afirma a El Comercio Carlos Benites, superintendente nacional de fiscalización laboral, en relación con la huelga de un grupo de inspectores.Pero la Sunafil también está en busca de aumentar sus recursos. En ese sentido, ha planteado recibir financiamiento a través del aporte por regulación de parte de las empresas de minería y energía. “Es innegable que tienen problemas de presupuesto, y esto afecta su labor de fiscalización”, señala Mario Zúñiga, de la asociación de Contribuyentes por Respeto. "Es discutible que este presupuesto provenga de un nuevo aporte por regulación. [...] Me queda poco claro que se justifique en el caso de fiscalizar la regulación laboral. Encima que a las empresas les trasladas el costo de los derechos y beneficios laborales, también ahora el de la fiscalización. El presupuesto de la Sunafil debería salir del presupuesto general", opina el especialista. La duda reside en saber si se trata de un pago adicional de estas empresas o si se dividirá de lo que ya pagan a Osinergmin. "Es un costo que ya está incorporado dentro de la obligación de estos empleadores de aportar por el concepto de regulación. No es que le estemos generando gastos adicionales", asegura Benites. Pero la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no está tan convencida. "El sector minero energético tiene directamente unos 200.000 trabajadores, de una fuerza laboral de entre cinco y seis millones en el sector formal. Se pretende que quienes contratan a esos 200.000 aporten por regulación para cubrir la supervisión de toda la actividad laboral del país", comenta Carlos Gálvez, presidente del gremio.