Si bien el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente de la República solo puede ser denunciado durante el ejercicio de su función por traición a la patria, por impedir las elecciones o disolver el Congreso, esto no prohíbe a la autoridad judicial requerir su testimonio dentro de un proceso penal.Y así lo ha entendido la titular del Sexto Juzgado Anticorrupción, Carolina Lizárraga, quien citó en calidad de testigo al presidente Alejandro Toledo para que declare sobre la presunta falsificación de firmas de Perú Posible (PP).Fuentes del despacho precisaron que se espera la notificación del mandatario quien, debido a las prerrogativas del cargo, deberá indicar la fecha, hora y lugar en que recibirá -si así lo decide- a la magistrada.Se informó que la declaración del presidente es básica en la investigación toda vez que, como líder del partido político investigado, debió conocer si existió la 'fábrica' de firmas. De acuerdo con los testimonios de las colaboradoras Carmen Burga y Gladys Álvarez, el mandatario no solo conoció y aprobó la falsificación de rúbricas, sino que además pagó los 'honorarios' de los falsificadores.