Dentro de un contexto populista de deliberada confusión terminológica, el presidente boliviano Evo Morales ha procedido a la medida extrema y temeraria de 'nacionalizar' los recursos hidrocarburíferos. Fuera de eufemismos, esto constituye en la práctica una maniobra expropiatoria y, peor aún, confiscatoria, de negativas consecuencias para Bolivia y la subregión.Así, luego de que el año pasado aumentara los impuestos y las regalías, Morales se ha lanzado a decretar que el Estado recupera la "propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos", los que pasan a ser controlados casi monopólicamente por la empresa estatal boliviana. En tal contexto, las compañías recibirán solo el 18% de la producción, que debe cubrir --según el decreto-- "costos de operación, amortización de inversiones y utilidades", lo que deja las puertas abiertas a la confiscación. Esto, lógicamente, causó un tremendo remezón, que llevó a la brasileña Petrobras --la mayor empresa extranjera en Bolivia, junto con Repsol-- a anunciar que dejaría de invertir en ese país. De inmediato, se convocó a una minicumbre entre los presidentes de Bolivia, Brasil y Argentina, a los que se sumó Hugo Chávez que, con su presencia, confirmó su apoyo y mentoría de la iniciativa de Morales, vinculada a su proyecto expansionista. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Bolivia se incorporó al proyecto chavista de construcción del gasoducto del sur y se acordó, asimismo, discutir los precios del gas "en un marco racional y equitativo". Hay que subrayar aquí la enorme presión sobre los mandatarios brasileño y argentino, cuyos países son bastante dependientes del gas boliviano, lo que los estaría llevando a adoptar inicialmente una postura poco firme ante el ucase boliviano.Sin embargo, la crítica y desconfianza ante tan polémica medida no han terminado. La oposición boliviana rechaza la intromisión de Chávez y enfatiza los altos costos de una medida que solo tendría una intencionalidad populista, pues se da en vísperas de las elecciones para la asamblea constituyente. Y el ministro de Economía español, Pedro Solbes, ha advertido que estas 'nacionalizaciones' son "equiparables en cierta medida a una expropiación".Estos hechos deben ser observados críticamente por los peruanos, que ya hemos vivido situaciones parecidas en el pasado. En otro contexto histórico, Velasco estatizó las empresas petroleras, que gozaban de un régimen ventajoso e inequitativo, pero tuvo que pagar enormes compensaciones. ¿Y todo para qué? Pues para crear un monstruo estatal, como Petro-Perú, que solo ha servido para perder dinero por su ineficiencia y por la manipulación corruptora de diversos gobiernos. ¿Es eso a lo que apunta Bolivia? ¿Hacia un régimen estatista que rechaza la inversión extranjera, sin pensar en los riesgos y que podría llevar al aislacionismo? ¿Es este el concepto de 'nacionalismo' que maneja el candidato Humala?Hay que ser muy claros. No se trata de convertir en intocables las petroleras, cuyos contratos podrían evaluarse de acuerdo con las condiciones del mercado y de los precios internacionales (bastante altos hoy), para que puedan tributar acorde a ello. Pero esto debe hacerse dentro de un régimen político dialogante que asegure estabilidad y reglas claras para la inversión, de modo que pueda atraerlas y crear desarrollo y empleo. El retorno al estatismo expropiador y confiscador y a la autarquía es solo una ilusión, un capricho o una salida populista que puede encandilar momentáneamente, pero que definitivamente nos cobrará la factura en el futuro con más retroceso y más pobreza.