La polémica en torno al acuerdo firmado por Keiko Fujimori y representantes de los mineros ilegales continúa. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) consideraron que se trata de una actitud irresponsable, en vista de que lo que se busca en esta materia es generar políticas de Estado que permitan erradicar este flagelo.Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA, afirmó que es preocupante que para Fuerza Popular la solución a este problema se centre en la derogatoria de los decretos legislativos 1100 y 1005, ya que estos dispositivos contienen aspectos importantes que encaminan el proceso de formalización.Por ejemplo, se establecen diferencias entre minería informal y minería ilegal, donde se establece que esta última está referida a las actividades que se da en zonas prohibidas, con maquinaria prohibida como las dragas, que tanto han afectado el ecosistema de zonas como Madre de Dios.(Edición sábado).